En marzo de 2022, en plena subida de la inflación por el inicio de la guerra en Ucrania, el Gobierno aplicó unas medidas para contener la inflación.
Una de las limitaciones hacía referencia a la actualización de la renta en los contratos de alquiler de vivienda que se rigen por la LAU y que se llevan aplicando desde finales de marzo de 2022.
Se deja de tomar como referencia el índice de precios al consumo (IPC) para pasar al IGC (índice de garantía de competitividad).
Según la ley, para este 2024, si no hay un acuerdo en contra, el incremento de la renta no podrá ser superior al 3%.
